Bárbara Jerez y explotación del litio: “Los salares también son Zonas de Sacrificio”

La investigadora en conflictos socioambientales recalca que “no es posible pretender que los salares de Chile abastezcan la demanda mundial de litio”, pues ello está generando “un verdadero ecocidio” y un grave daño a las comunidades que dependen de sus fuentes hídricas. Además, señala que desde el progresismo político centralista se predica una industrialización del litio como “receta mágica”, sin contemplar que “los salares son zonas de sacrificio con o sin industrialización, con o sin nacionalización de la extracción”.

Por Ricardo Bustamante Pizarro.

Bárbara Jerez Henríquez es docente e investigadora de la Universidad de Valparaíso y su ligazón con los movimientos sociales los ha cimentado a lo largo de sus estudios, experiencia laboral como en su activismo en pos de la justicia social, territorial y ambiental en Chile y América Latina.

Trabajadora social de profesión, Bárbara se especializó en México como Maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, luego cursó su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la emblemática UNAM, para finalmente terminar el año pasado un Postdoctorado en la Universidad Nacional de Salta (Argentina) con la investigación “Ecología Política de las territorialidades transfronterizas del litio en la Puna argentino-chilena. Impactos ecoterritoriales y geopolíticos”. Países donde ha afianzado trabajo y redes que le dan una amplia visión de los conflictos socioambientales en la región, especialmente los ligados al avance de la minería y de las políticas gubernamentales extractivistas que ejecutan todas las naciones latinoamericanas, sin distinción.

En tu vida profesional te has relacionado con las comunidades rurales e indígenas en países como Bolivia, México, Argentina y el norte de Chile. ¿Cuáles son sus actuales conflictos y causas?

En estos territorios es evidente y preocupante la hiperconcentración de la propiedad de la tierra, de las aguas y de la biodiversidad en manos de grandes corporaciones transnacionales, o bien, de grandes grupos económicos que a nivel local acaparan estos bienes naturales a las comunidades para la producción agro-industrial, minera o energética a gran escala a costa de devastar la calidad de vida y las condiciones de vida mínima, la grave y creciente crisis hídrica que en estos contextos  se expande por toda América Latina.

“Lo que más se repite es la preocupación de las comunidades por sus territorios, por el derecho de seguir viviendo en ellos con dignidad, donde cualquier proyecto de inversión respete los límites ecológicos y sociales.”

En muchas de estas comunidades es evidente un aumento progresivo de la violencia, el narcotráfico y la corrupción de las autoridades en diversa escala que denuncian las comunidades, se profundizan Tratados de Libre Comercio (muchos en versiones 2.0), planes multimodales de interconexion de infraestrutura (autopistas, ampliación de puertos, gasoductos, hidrovías, etc.) que suelen ser muy avasalladores con las poblaciones locales; constituyendo un creciente foco de desigualdades sociales, conflictos y resistencias en un contexto de cada vez mayor organización comunitaria socioambiental, pero también de una creciente criminalización de los movimientos sociales.

Me atrevería a decir que lo que más se repite es la preocupación de las comunidades por sus territorios, por el derecho de seguir viviendo en ellos con dignidad. Así de simple y complejo a la vez; donde cualquier proyecto de inversión respete los límites ecológicos y sociales de los territorios; en los que la gente pueda seguir viviendo con sus economías y culturas locales, pero donde tengan plena cabida las proyecciones y expectativas de las comunidades.

Es creciente la demanda e interés por ser consultados y tener injerencia en las iniciativas de diversa índole en los que se valore el conocimiento y la experiencia de los habitantes locales. E igualmente crece la demanda por justicia social respecto de los derechos de las comunidades campesinas y originarias, a la integridad y la no criminalización de las movilizaciones sociales, el derecho al trabajo digno que les permita seguir viviendo en sus territorios resguardando sus ecosistemas y tejidos sociales.

Hoy toma mucha fuerza la demanda de respeto a la diversidad cultural, desde los derechos indígenas, los pueblos campesinos, las comunidades afrodescendientes, las mujeres, actores que se organizan y muestran la histórica invisibilidad, violencia múltiple y también sus expresiones y perspectivas. En este sentido, resaltan cada día más las demandas por el resguardo y respeto de los usos comunitarios de los bienes comunes naturales, principalmente la biodiversidad y el agua, que son centrales para la vida de las comunidades; y aunado a ello, toma fuerza el Buen Vivir de diversas formas y diversidades culturales que -a grandes rasgos- buscan otros horizontes para el bien común e individual, el respeto y valoración de los saberes campesinos y ancestrales, la dignidad, la solidaridad y por economías orientadas a la vida y no desde el lucro para el lucro.

La existencia hace varias décadas de las llamadas “Zonas de Sacrificio” ambiental en Chile, ¿son una expresión nacional de esta problemática a nivel latinoamericano?

Desde la llegada de la colonización europea a América Latina, hace ya más de 500 años, que nuestros territorios pasaron a convertirse en Zonas de Sacrificio. No debemos olvidar que históricamente desde un sistema-mundo construido con muchas asimetrías Norte-Sur, nuestras regiones pasaron a ser permanentemente inferiorizadas como territorios y sociedades para el saqueo, el despojo múltiple, el sometimiento y desmantelamiento de sus tejidos sociales comunitarios. Ello, hoy muestra como resultado que en muchos lugares encontramos ecosistemas y colectividades en franca devastación, en agonía socioambiental.

Las Zonas de Sacrificio son el resultado de un histórico sacrificio colonial capitalista, y en Chile producto de la creciente movilización de las comunidades extremadamente saturadas de contaminacion y degradación de sus formas de vida. Ahora, este concepto surge a partir de la dramática experiencia de múltiples territorios en que se encuentran extremadamente concentrados numerosos megaproyectos contaminantes, que a costa de un fuerte lobby estatal-empresarial, con un Estado prácticamente ausente en la defensa de los derechos humanos y  comunidades cercadas y subordinadas, no han podido defender sus territorios pasando a ser condenadas a soportar una extrema saturación ambiental. Esta situación refleja que más bien son conflictos de carácter socio-políticos que tienen como resultado la devastación socioambiental como estrategia de acumulación colonial globalizada.

                                                      (c) Mining Press

Chile no es ninguna excepción al respecto en América Latina, y desafortunadamente Zonas de Sacrificio tenemos hace 500 años a lo largo y ancho de nuestro subcontinente, sólo que hoy han sido un poco más visibilizadas las agonías socioambientales de lugares como Puchuncaví, Coronel, Huasco, Mejillones, Calama, entre muchos otros; que hace muchas décadas vienen soportando un fuerte devastación ambiental que ha destrozado sus ecosistemas, economías locales y la salud de la población.

A nivel latinoamericano existen emblemáticos casos como las cuencas petroleras del Golfo de México, el Estado de Pará en Brasil, la zona de Riachuelo en Buenos Aires, la devastacion socioambiental de la minería en Potosí, y así un largo listado de territorios que testimonia la histórica huella ecológica que ha significado para América Latina ser la sirvienta de bienes comunes naturales para el desarrollo capitalista del Norte industrial.

¿Qué alternativas de solución vislumbras desde el Estado?

El Estado de por sí no es ninguna solución si no es presionado desde los movimientos sociales y la sociedad civil para generar los cambios legales necesarios y accionar en dirección a recuperar los territorios, remediarlos, o al menos dar una compensación mínima a tantos años de devastación socioambiental. Es necesario presionar a las autoridades y tensionar los espacios estatales para extender los debates que permitan comprender la complejidad de la problemática, presionar para la formulación de proyectos de ley que busquen recuperar los territorios, remediar los ecosistemas y compensar a las comunidades, fortalecer la judicialización y una mayor fiscalización. Es importante hoy el rol de las redes sociales para generar opinión pública, denunciar, mantener en la palestra estas problemáticas y también para hacer campaña en pro de la defensa de estos territorios sacrificados.

El Estado de por sí, y más en manos de gobiernos neoliberales de ultra derecha como ahora, tienden más bien a la profundización del daño socioambiental en las ya existentes Zonas de Sacrificio, y a la proliferación de otras nuevas a través de la flexibilizacion de las normativas ambientales y tributarias, acompañado por la expansión de la capacidad de tonelaje y velocidad de infraestructuras multimodales a gran escala (autiopistas, ampliación de puertos, aeropuertos, carreteras hídricas, etc.) para estimular mayor circulación de mercancías, de la instalación de más megaroyectos extractivos y ampliar la expotación de los ya existentes; cuyo resultado es una mayor agonía socioambiental de los ya alicaídos territorios afectados.

¿Cuál es la situación de las comunidades altoandinas que conviven con las empresas que explotan recursos naturales? Como -por ejemplo- la minería del litio en Chile.

En general son comunidades muy diversas entre ellas donde cada una tiene su propia dinámica y complejidad, pero se trata de comunidades indígenas en su mayoría (aymara, quechua y atacameñas o lickanantay) que subsisten en medio de una fuerte crisis hídrica, causada principalmente por la multiplicación de los proyectos mineros a gran escala existentes en la región.

“Muchas comunidades pasan a ser subordinadas por empresas mineras, las que funcionalizan a su favor el histórico abandono del Estado, condicionando a las comunidades para entregar becas, donaciones a cambio de la licencia social que significa aceptar los fuertes daños socioambientales de la presencia minera.”

Es preocupante observar la forma en que muchas de estas comunidades pasan a ser subordinadas por las empresas mineras, las cuales funcionalizan a su favor el histórico abandono del Estado condicionando a la comunidades -en profundamente desigualdes condiciones- para otorgar proyectos sociales, becas, donaciones, a cambio de la licencia social que significa aceptar los fuertes daños socioambientales que genera la presencia minera, afectando una vez más sus actividades agropecuarias, la salud de las comunidades y los tejidos sociales, pues el actuar de estas empresas provoca fuertes tensiones, divisiones y violencia.

¿Qué salvaguardas sociales y ambientales implicó la política de Gobernanza de Salares que dictaminó el gobierno de Bachelet?

Creo que es importante reconocer que se avanzó en pensar la minería del litio dentro de un marco de gobernanza de los salares, donde se señala la importancia de una gestión sustentable de estos y de generar información científica e interdisciplinaria de estos ecosistemas para pensar una actividad minera de litio acorde a las funciones ecológicas de los salares, contemplando aspectos sociales, ambientales y económicos.

También planteó la exclusividad del Estado como propietario de las concesiones de litio y la posibilidad de contratos en base a alianzas público-privadas para su explotación, el pago de un royalty al precio de venta final, así como generar mayor valor agregado en la explotación del litio y de los salares, reformar a la institucionalidad pública ligada a la gobernanza de salares, incentivar la investigación y desarrollo tecnológico, la creación de una empresa controlada por el Estado para el aprovechamiento de los salares y la creación de un comité CORFO para la gobernanza de estos ecosistemas, entre otros asuntos.

Sin embargo, también señala como mecanismo de relacionamiento desde la institucionalidad pública con las comunidades a través del “valor compartido”, que es un mecanismo emergente del empresadiado minero globalizado que mercantiliza los derechos sociales de las comunidades colocándolas en un ficticio rol de “socios” parte de los supuestos beneficios, como parte de emergentes mecanismos sofisticados de control de los tejidos sociales para acceder a las preciadas licencias sociales a  costa de numerosos engaños, la frecuente desinformación, aprovechando la precaria presencia del Estado en ellas, y la precariedad económica en que muchas de estas comunidades subsisten.

“El boom del mercado global del litio tiene un horizonte limitado a unos 15 años más, donde otros elementos como el hidrógeo, cobalto, grafeno constituyen poteciales reemplazantes y competidores para la fabricación de baterías recargables de autos eléctricos, principal uso actual de litio. No hay que olvidar que el mercado del litio es pequeño y vulnerable, no es más del 1% del mercado del cobre (…) por lo que es necesario ser prudentes con las expectativas.”

El Principio de Gobernanza de los salares que dejó Bachelet podría ser una política inicialmente interesante para pensar una protección de los salares, y desde ahí plantear cualquier intervención de estos ecosistemas, pero en la práctica es una política que no cuestiona mayormente la ampliación de la explotación minera que se proyecta en el país, donde la sustentabilidad de los salares definitivamente -y así lo demuestra la histórica experiencia en estas cuencas- no es compatible con dicha expansión. Aquí debe priorizarse la protección de los salares por sobre la actividad minera, donde además es importante señalar que el litio es parte de un mercado muy débil, pequeño y vulnerable que pone en riesgo a estos territorios por el alto impacto ambiental y social que conlleva. El boom del mercado global del litio tiene un horizonte limitado a unos 15 años más, donde otros elementos como el hidrógeo, cobalto, grafeno y hasta otras sales como potasio-e incluso las sales que existen en la cannabis- constituyen poteciales reemplazantes y competidores para la fabricación de baterías recargables de autos eléctricos, principal uso actual de litio.

No hay que olvidar que el mercado del litio es pequeño y vulnerable, no es más del 1% del mercado del cobre, según estimaciones de Cochilco en 2014, y según otras no superan el 2,3%, por lo que es necesario ser prudentes con las expectativas que se están creando en la opinión pública.

Siendo parte del Frente Amplio, ¿cómo crees que el conglomerado avizora estas temáticas y su relación con los movimientos sociales y comunidades en conflicto?

Pensando en las realidades que he conocido en el Norte Grande, creo que a muchos sectores del Frente Amplio -pese al esfuerzo que se ha realizado en últimos meses por profundizar el debate desde diversas miradas- les está costando comprender y actuar acorde a las realidades locales de las comunidades en conflicto con las mineras de litio, algo que incluso también sucede en organizaciones frenteamplistas regionales donde el aislamiento de la ubicación de muchos de las comunidades atacameñas (lickanantay) que habitan los salares dificulta la familiarización de estas realidades, donde la mayor parte de las discusiones sobre el litio se realizan desconociendo las realidades locales de los salares. Y contemplando al mineral de manera aislada de las cuencas de las que provienen.

Pero también esto sucede por la falta de una comprensión más profunda de la problemática que trascienda el cinturón de fuerzas que ejercen las miradas neodesarrollistas o del neoextractivismo progresista que limitan cualquier solución dentro del rayado de cancha que impone la creencia colonial eurocéntrica de la desgastada diada “progreso-desarrollo”, que en este caso predica una industrialización del litio como receta mágica, enunciada desde los espacios centralistas desterritorializados para solucionar el problema sin contemplar que también los salares son zonas de sacrificio con o sin industrialización del litio, con o sin nacionalización de la extracción.

“La simple fórmula colonial y centralista de industrializar/nacionalizar no subsana la herida colonial histórica del extractivismo y da plena continuidad a la misma devastación eco-territorial. Donde empresas como Codelco, Petrobras o YPF suelen ser incluso mucho más transgresoras de las políticas ambientales y mantienen fuertes conflictos con las comunidades locales”.

Hoy la realidad de nuestros países nos demanda a los sectores que buscamos superar el neoliberalismo ampliar las miradas hacia perspectivas más territorializadas, basadas en ecologías de saberes, las economías solidarias, locales, atrevernos a avanzar hacia un post-desarrollo más que hacia engañosos “desarrollos alternativos” que no cuestionan la hiperacumulación y sobre consumismo por muy “verde” o “carbono cero” que sea, y hacia un Buen Vivir como horizonte descolonial que contemple pensar las economías y la vida misma desde opciones económicas que no transgedan los límites socioecológicos de las comunidades y bioregiones. Donde definitivamente, la simple fórmula colonial y centralista de industrializar/nacionalizar no subsana la herida colonial histórica del extractivismo y da plena continuidad a la misma devastación eco-territorial. Donde empresas como Codelco, Petrobras o YPF suelen ser incluso mucho más transgresoras de las políticas ambientales y mantienen fuertes conflictos con las comunidades locales.

La discusión en torno al litio demuestra algunas contradicciones pendientes de revisar dentro del Frente Amplio, ya que mientras se pone mucha preocupación y rechazo a la devastación socioambiental de lugares como Petorca o Puchuncaví, en el caso de los salares, no existe el mismo cuestionamiento a la fuerte huella socioecológica del litio, donde plantear la industrialización como solución al extractivismo, simplemente denotan la necesidad de fortalecer en serio la formación sociopolítica para dar adecuadamente estos debates.

                                      (c) Latinomineria.com

Es necesario avanzar hacia un mayor acercamiento de los representantes parlamentarios, de los partidos y de aquellos actores que están debatiendo sobre el litio, a las realidades de las comunidades indígenas y ecosistemas que soportan el despojo eco-territorial que ha significado la minería del litio. Pero un acercamiento en serio, que implique un conocimiento del territorio en las escalas espaciales y en los ritmos de las comunidades. Es importante comprender que la extracción de litio de las salmueras es una minería de agua y que los salares son sistemas sumamente complejos donde se requiere pensar de otra manera estos temas, principalmente porque no se puede hablar del litio como un mineral aislado, sino que se debe plantear desde la perspectiva de los salares porque son estos los espacios territoriales en cuyas profundidades se extrae el litio de maneras muy particulares respecto al resto de la minería tradicional.

A algunos sectores de la izquierda chilena les cuesta reconocer los nefastos errores cometidos por este tipo de gobiernos -especialmente en materias socioambientales- y se tiende a idealizar sus gestiones por el simple hecho de ser gobiernos de izquierda, sin visualizar las graves consecuencias que han tenido las politicas extractivistas que en nombre del progreso, desarrollo e incluso de la “revolución” han dado continuidad a políticas extractivas a gran escala, con fuertísimos daños socioambientales en las comunidades locales, como la minería y la soya transgénica en el gobierno de los Kirchner en Argentina y de Lula en Brasil, o la política minera en la Amazonía ecuatoriana, la ampliación de la megaminería o las megacarreteras encomunidades indígenas en el gobierno de Evo Morales, o de grandes plantas de celulosa en Uruguay, entre otros.

¿Cómo es posible ver otras propuestas más sustentables con el medio ambiente y las comunidades, ante un neoextractivismo que al parecer solo busca cambiar la propiedad de quien explota un recurso, como el litio?

El problema es más complejo que explotar el litio en manos estatales o privadas. Antes que nada es prioritario estudiar la realidad social y ecológica del Salar de Atacama que está en una franca agonía, donde estudios hidrológicos del comité de minería no metálica de CORFO, ya advierten que el salar está sobreexplotado en más de 2.000 litros de agua por segundo por sobre su capacidad de recarga natural, y comprender que el tejido social local está gravemente dañado por la minería en general, no sólo de litio y por otros modos de hiperexplotación del salar.

Se debe estudiar los demás salares no en vistas de explotar sus minerales sino que de conocer sus condiciones socio-ecológicas y develar mecanismos para su protección, y dialogar con los saberes locales indígenas para proteger y manejar equilibradamente estos territorios, o al menos para mitigar el daño actual. Estos trabajos deben realizarlos grupos de investigaciones independientes, autónomos, confiables y con financiamiento del Estado.

Además se debe dialogar en el territorio con las comunidades atacameñas y no atacameñas que habitan los salares y no sólo tomar decisiones desde Santiago o desde el Congreso. Y en tercer lugar, reformar la política de gobernanza de salares que dejó Bachelet y transformarla en una política integral, territorial y democrática de salares y cuencas hidrográficas altoandinas de Chile que se oriente a proteger estos territorios, sus comunidades y establecer políticas económicas que se orienten en esa dirección.

Como resultado de esas tres propuestas el Frente Amplio puede construir una muy buena propuesta gubernamental descentralizada, sustentable y viable para pensar los salares y sus actividades económicas.

“Hoy se podría expropiar o confiscar SQM, con las grandes dificultades que esto significa sortear, pero a exclusiva condición de reducir fuertemente las cuotas de extracción de salmueras y que se destine a un proceso de industrialización regional que otorgue mayor valor agregado, que sea ambientalmente aceptable, porque sustentable es muy difícil que lo sea.”

Ahora, pensando exclusivamente una política de litio desde un punto de vista muy conservador y coyuntural, creo que como resultado de un diálogo de los territorios vinculados con este tipo de minería, hoy se podría expropiar o confiscar SQM (con las grandes dificultades que esto significa sortear) pero a exclusiva condición de reducir fuertemente las cuotas de extracción de salmueras y que se destine a un proceso de industrialización regional que otorgue mayor valor agregado a una mediana escala que sea ambientalmente aceptable, porque sustentable es muy difícil que lo sea.

Para ello es fundamental cambiar la mirada, no es posible pretender que los salares de Chile abastezcan la demanda mundial de litio porque eso está generando un verdadero ecocidio de los salares y un fuerte daño a las numerosas comunidades que dependen de sus fuentes hídricas, al igual como sucede con la megaexportación indiscriminada de paltas que están devastando la provincia de Petorca. Hay que pensar en escalas más pequeñas que otorguen más valor y subsistencia ecológica al Salar de Atacama. No estoy de acuerdo con explotar más salares porque es más que suficiente con la experiencia devastadora actual, además que el salar de Maricunga (cuya explotación está en la mira) constituye una cuenca abierta cuyas aguas abastecen incluso la hidrografía de la ciudad de Copiapó, los demás salares son ecosistemas frágiles y constituyen fuentes hídricas fundamentales que agoizan en medio de la crisis hídrica que azota al norte del país, y que cuyas reservas de litio tienen menos pureza que el Salar de Atacama, lo que significa una extracción aún más contaminante.

¿Qué líder social o político te inspira? ¿y por qué?

Me inspira escuchar y leer a Vandana Shiva, una gran mujer india, física nuclear, filósofa, ecofeminista, Premio Nóbel Alternativo en el año 2015 y militante por la agroecología. Creo en su lucha por recuperar las semillas, la soberanía y autonomía alimentaria, las diversidades culturales y económicas de todos los territorios en base a sus saberes locales en permanente intercambio y movimiento con otros. Vandana nos invita a cambiar el paradigma que el capitalismo, la idea de desarrollo y el salvaje neoliberalismo actual coloniza nuestras vidas, para lo cual la ciencia debe estar en función de las personas, ella promueve la agroecologia, la recuperación de los campesinados y la biodiversidad donde las mujeres tenemos un rol fundamental. Tiene una propuesta muy interesante que los invito a curiosear y contemplar en sus lecturas.

Y la pregunta sello de “Causas y Beats”: Escoge un disco o canción que identifique tu causa.

Me quedo con el disco Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band de Los Beatles. Un disco lleno de colores, libertad, de diálogos entre el rock and roll, la música clásica, la música hindú, mucho de pscodelia y de una impresionante imaginación que musicalmente refleja un cambio social que en el año 1967 estaba experimentando el mundo. Un disco tremendamente irruptivo dentro de sociedades muy conservadoras en el establishment europeo que significó un hermoso hito revolucionario en la historia del rock. Es un disco excepcional, de gran calidad, que además de constituir un hito musical en una época admirable, es la expresión melódica de un cambio social que estaba en curso, de un cambio de era del tamaño de lo que me gustaría que en esta época pudieramos generar a partir de los movimientos sociales territoriales, los pueblos originarios, la agroecologia y el buen vivir, las luchas urbanas y las socioambientales que cada día crecen más en América Latina.

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