Injusticias hídricas en la cuenca del Salar de Atacama: El caso de SQM

“Parece que el agua fluye en dirección del poder, acumulándose muchas veces en manos de unos cuantos usuarios dominantes de sectores favorecidos, quienes suelen estar más interesados en convertirla en un beneficio inmediato, en lugar de considerar las consecuencias sobre el ambiente y la salud a largo plazo. La distribución injusta del agua se manifiesta no sólo en términos de pobreza, sino que también constituye una grave amenaza para la seguridad alimentaria nacional y la sostenibilidad ambiental” (R. Boelens et al., Justicia Hídrica, acumulación, conflicto y acción social, 2011).

Por Ramón Morales Balcázar, director Fundación Tantí, miembro Observatorio Plurinacional de Salares. Máster en Estudios Internacionales – Université Paris XI.

Ramón Morales B.

El llamado “Norte Grande” de Chile ha sido por siglos el escenario de grandes empresas mineras que no sólo han llevado a disputas entre intereses privados e incluso guerras entre Estados, sino que también han moldeado el paisaje y afectado las formas de vida de comunidades, pueblos y ciudades enteras. Al viajar de mar a cordillera, el desierto más árido del mundo aparece regado de campamentos salitreros abandonados que se mezclan con explotaciones de cobre camufladas detrás de sus propios desechos tóxicos. Llegar al oasis de Calama es una mezcla de alegría y tristeza, una verde de algarrobos y maíz, la otra negra de plomo y humo de las chimeneas de Chiquicamata. Subir en dirección de Domeyko permite ver a la distancia el Salar (mal llamado “Tranque”) de Talabres, inundado de relaves a pesar de la férrea oposición de comunidades y organizaciones ambientales, y cuyas partículas son arrastradas cada tarde por el viento hasta los poblados de Chiu-Chiu y Lasana. Llegando a la Cuenca del Salar de Atacama la historia se repite: junto con las faenas extractivas del litio de Albemarle y SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) en el propio salar, las detonaciones de Escondida y Zaldívar emanan una capa de material en suspensión que pocos ven, y que “desaparece” igualmente con el viento.

Al hacer este recorrido visual, vemos los mismos elementos una y otra vez: pasivos ambientales, territorios en sacrificio. Sin embargo, hay un elemento que ha permanecido en una relativa invisibilidad, y es el uso de enormes caudales de agua que subyace a cada uno de los mega-proyectos mineros de la región y del país.

Salar de agua, vida y “recursos mineros”

Hablar del Salar de Atacama nos lleva inevitablemente a hablar del agua, o la puri. Éste se formó gracias a la evaporación del agua que escurrió por cientos de miles de años desde la Cordillera de Los Andes, dejando como resultado una costra salina y un depósito subterráneo de salmueras ricas en minerales. La presencia de esta salmuera permite, a su vez, que el agua menos salada y por ende más liviana, permanezca en la superficie dando origen y sustentabilidad a sistemas hidrológicos llenos de vida como Soncor y Peine. A su vez, el Salar de Atacama recibe recargas intermitentes de numerosos ríos, destacándose por su importancia para la agricultura y la irrigación del oasis de San Pedro de Atacama, los Ríos San Pedro[1] y Río Vilama[2] – ambos declarados agotados por la propia DGA[3] – y los ríos que permiten la subsistencia de comunidades que habitan desde tiempos milenarios localidades como Toconao, Socaire y Peine, entre otras. Esta cuenca se compone, además, de numerosos salares alto andinos, bofedales o vados, ríos y cuerpos de agua que son el hogar de especies como el flamenco andino, la vizcacha y la vicuña, y que a su vez son fuentes de agua para ecosistemas que se encuentran a menor altura. Si bien la interrelación entre cuerpos de agua alto y pre andinos no está reconocida en los informes de la DGA, sabemos que habitamos un ecosistema único y rico, extremadamente frágil y poco comprendido aún.

“La minería del litio es una minería esencialmente de agua, y por ende, su continuidad o, peor aún, su expansión es una amenaza directa para la vida en la cuenca.”

El Salar de Atacama concentra las mayores reservas de litio del país y una de las mayores del mundo: estimaciones realizadas por la propia SQM, hablan de 6,3 millones de toneladas de litio[4], sin contar los depósitos presentes en salares alto andinos como Pujsa, Tara y Quisquiros, amenazados por proyectos de exploración de nuevas empresas. Es este mismo salar el que cuenta con las condiciones climáticas más favorables para la extracción del mineral a partir de salmueras, debido a condiciones naturales como la alta radiación solar y la baja humedad del aire. Estos factores sitúan a “Chile” (en realidad dos empresas privadas) sólo detrás de Australia en volumen y valor de exportaciones del carbonato de litio destinado a la producción deslocalizada[5] de baterías para aparatos electrónicos y a la creciente industria de la electromovilidad, liderada por países como Noruega, Islandia y Suecia[6]. Al respecto, cabe mencionar que la extracción del litio practicada por SQM y Albemarle se realiza bombeando la salmuera (agua con altas concentraciones de sal) del núcleo del salar a razón de 1.500 litros por segundo y 442 litros por segundo respectivamente, llegando a 200 millones de litros conjuntamente entre aguas dulces y saladas por ambas empresas[7]. Es decir, la minería del litio es una minería esencialmente de agua, y por ende su continuidad o, peor aún, su expansión es una amenaza directa para la vida en la cuenca.

Por último, es importante resaltar que además de las numerosas y extensas faenas mineras que profitan del agua de este ecosistema, son los propios paisajes, cultura y biodiversidad de la cuenca, los que han posicionado a San Pedro de Atacama entre los principales destinos turísticos del país y del mundo[8], teniendo un impacto directo en el aumento de la población de la comuna y número de visitantes por año, y en consecuencia, del uso de agua para consumo humano y servicios hoteleros de alta gama, muchas veces en desmedro de prácticas agropastoriles tradicionales que han dado origen y sustento al oasis, según testimonios recogidos de los propios agricultores de la cuenca.

Litio: Acumulación de agua y poder

Si bien el litio no es el único recurso explotado en la cuenca del Salar de Atacama, el caso de SQM es un claro ejemplo de las injusticias hídricas que afectan a la cuenca y sus habitantes, especialmente en lo que respecta a las comunidades originarias -atacameñas o lickanantay- de la misma.

“El 17 de enero se cumplió un año de la firma -a puertas cerradas y de espaldas a las 18 comunidades lickanantay que habitan el salar- del acuerdo conciliatorio entre CORFO y SQM. Lo que significó el fin de un proceso arbitral que le costó a la agencia estatal $1.005.757.732 y que culminó con una modificación de los contratos entre Corfo y SQM, otorgando a la minera un aumento triplicado de su cuota de extracción de litio. Acuerdo realizado a pesar de los casos de corrupción y financiamiento de la política y del proceso sancionatorio contra SQM llevado a cabo por la SMA.”

El 17 de enero se cumplió un año de la firma -a puertas cerradas y de espaldas a las 18 comunidades lickanantay que habitan el salar y de la sociedad civil en general- del acuerdo conciliatorio entre CORFO, agencia del Estado propietaria de las pertenencias mineras del Salar, y SQM, empresa perteneciente al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce[9]. Este acuerdo significó el fin de un proceso arbitral que le costó a la agencia estatal $1.005.757.732 [10] y que culminó con una modificación de los contratos entre Corfo y SQM, otorgando a la empresa privada un aumento de la cuota de extracción de litio, llegando a 349.553 toneladas de litio metálico hasta 2030, es decir, se triplicó la cantidad pactada en el acuerdo original de 180 mil toneladas de litio metálico y significó la salida, aunque no definitiva como se conoció posteriormente, de Julio Ponce del mando de la empresa. Este acuerdo propiciado por Eduardo Bitrán, entonces Vicepresidente Ejecutivo de la agencia estatal, fue realizado no sólo a pesar de los numerosos casos de corrupción y financiamiento de la política[11] conocidos por todo el país, sino que también del proceso sancionatorio llevado a cabo por la Superintendencia del Medio Ambiente por faltas graves y gravísimas[12] cometidas por la empresa, y que a la fecha se encontraba en plena vigencia. Este proceso ha sido suspendido recientemente con la aprobación de un conjunto de medidas reparatorias que difícilmente podrán ser fiscalizadas[13], lo que hace poner en duda las capacidades reales de fiscalización del propio Estado.

Conflicto latente

(c) elpais.com

La firma del convenio CORFO-SQM sin la realización de la consulta previa, libre e informada garantizada a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)[14] provocó fuertes reacciones desde el Consejo de Pueblos Atacameños, entidad que agrupa a las 18 comunidades de la cuenca y que ha liderado la batalla por la defensa del Salar del Salar de Atacama frente a los intereses privados y del propio Estado. Estas reacciones se hicieron visibles con la realización de un corte del camino de ingreso al pueblo de San Pedro de Atacama[15] el mismo mes de enero de 2018, y la huelga de hambre de 3 dirigentes que se extendió por 6 días, hasta que el propio gobierno accedió a escuchar las demandas de los comuneros. A pesar de las demandas manifestadas por las comunidades -clara y abiertamente preocupadas por el daño ambiental y la crisis hídrica provocados por la minería del litio en expansión-, así como de organizaciones ambientales de la cuenca y del país, el nuevo contrato fue aprobado por la CCHEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear), organismo que por ley  fiscaliza la explotación y venta del litio, bajo 20  condicionantes[16] de carácter estratégico y geopolítico, ignorando cualquier elemento relativo a los derechos de las comunidades o a los aspectos ambientales inherentes a la extracción de las salmueras y los procesos químicos para la obtención del carbonato de litio.

Acciones desde las comunidades y la sociedad civil

Frente al panorama expuesto, las comunidades agrupadas bajo el Consejo de Pueblos Atacameños interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, exigiendo el reconocimiento de sus derechos a ser consultados. Al mismo tiempo, las Asociaciones de Regantes y Agricultores de los Ríos San Pedro y Vilama, así como la organización ambiental Fundación Tantí, junto con otros agricultores y artesanos, se hicieron parte de este recurso, representados por ONG FIMA, arguyendo, junto con el derecho a la consulta, ilegalidades en la naturaleza misma del contrato y defendiendo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, amparado por la propia Constitución. Este acuerdo, al incluir la opción Maricunga -salar ubicado en la Región de Atacama y en territorios habitados por comunidades collas-, motivó también que diversas comunidades de esta etnia originaria se hicieran parte del recurso y presentaran sus alegatos correspondientes. Los argumentos expuestos en dicha instancia no fueron suficientes, y el recurso fue rechazado, obligando al Consejo de Pueblos Atacameños a llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Durante los alegatos que tuvieron lugar el pasado miércoles 16 de enero, los abogados de Corfo y SQM insistieron en que el acuerdo al que llegaron ambas partes fue en un tribunal arbitral, por lo que no existe la obligación de realizar la consulta indígena, argumentando además que tanto los derechos de las comunidades como la protección del medio ambiente están garantizados en otras instancias medioambientales. Dichas instancias, como ya sabemos, no han sabido responder a la urgente y legítima necesidad de reconocimiento de los derechos del pueblo atacameño o lickanantay por sobre intereses privados o “nacionales”, así como de fiscalización y control de las actividades extractivas que están afectando y agotando los acuíferos del Salar de Atacama.

[1] http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/asuperficiales/Documents/Res_DGA_44-2016.pdf
[2]http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/asuperficiales/Documents/Declaracion%20de%20agotamiento%20del%20rio%20Vilama%20y%20sus%20afluentes.pdf
[3] Dirección General de Aguas, cuyas funciones están indicadas en el D.F.L. N° 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas y referidas a las que le confiere el Código de Aguas, D.F.L. N° 1.122 de 1981 y el D.F.L. MOP N° 1.115 de 1969.
[4] SERNAGEOMIN
[5] Mientras Chile exporta carbonato de litio grado batería, los procesos de manufactura se realizan principalmente en países como Singapur, Estados Unidos y China: http://www.worldstopexports.com/lithium-ion-batteries-exports-by-country/
[6] IEA Global Electric Vehicle (EV) Outlook 2018 (Perspectiva Global de Autos Eléctricos 2018 de la Agencia Internacional de Energía) – https://www.iea.org/gevo2018/
[7] https://www.diarioclever.cl/la-agonia-socioambiental-del-salar-de-atacama/
[8] https://www.nytimes.com/interactive/2017/travel/places-to-visit.html
[9] http://www.theclinic.cl/2012/10/02/julio-ponce-lerou-el-yerno-de-pinochet-que-se-hizo-millonario-en-la-dictadura/
[10] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/abogados-peritos-e-informes-cuanto-gasto-corfo-en-el-historico-arbitraje-con-sqm/239249/
[11] https://ciperchile.cl/2015/09/07/platas-negras-de-sqm-el-pulpo-que-puso-sus-tentaculos-en-todos-los-sectores-politicos/
[12] Entre las faltas detectadas se cuentan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la desecación de un bosque de algarrobos en la localidad de Camar.
[13] https://radio.uchile.cl/2019/01/08/sma-suspende-proceso-sancionatorio-contra-sqm-por-danos-en-el-salar-de-atacama/
[14] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=279441
[15] http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/01/31/full/cuerpo-principal/5/
[16] https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Acuerdo_2287.pdf

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